Hasta un 90% de la I+D nacional podría estar acabando en un cajón. Muchos investigadores están dispuestos a convertirse en empresarios, pero si alcanzan el éxito un alto porcentaje va a la institución. Reclaman el apoyo de los centros.

La vida del investigador es una carrera de obstáculos. Especialmente en España. Conseguir un empleo en un laboratorio y hacer un descubrimiento es sólo el principio de la espiral. Los quebraderos de cabeza vienen después de haber alcanzado el éxito científico. Para vender su invento, es más que habitual que el profesional se vea obligado a convertirse en empresario (revestido del término emprendedor, que es mucho más cool). Y en el peor de los casos, incluso, en comercial. ¿Cuál es su catálogo de ventas? Patentes. La comunidad critica: falta compromiso de los centros de investigación con su personal y con la comercialización de la tecnología que desarrolla. No existen cifras (porque no es obligatorio registrarlas), pero fuentes del sector aseguran que sólo entre el 9% y el 10% de la ciencia pública española sale al mercado.

El primer error que se comete en este país es la búsqueda de la patente como logro individual. Un prestigioso investigador español con trayectoria internacional critica que «en España no se patente con una estrategia de comercialización, sino como un fin último», mientras que al otro lado del charco se tiene en cuenta todo el proceso, desde el descubrimiento hasta la creación de la empresa. La patente debería, por tanto, entenderse como un paso más.

Un segmento de los investigadores nacionales defiende que la solicitud de una patente debe ser parte de todo un sistema de transferencia. España carece de un método de transferencia integral, donde el científico pueda preguntarse previamente qué quiere hacer con su descubrimiento y, en función de la respuesta, definir una estrategia que puede ir desde la venta hasta la licencia o la creación de una spin off.

Esta tendencia de patentar por patentar es una de las razones por las que muchos registros se quedan en el cajón. El director de transferencia tecnológica de PONS IP, Rafael López, también apunta a la responsabilidad de la institución. «Para que el centro sea sostenible, tiene que ser capaz de programar sus descubrimientos», afirma. Algo que sólo puede ser posible si el laboratorio tiene contacto directo con la empresa, pero «el planteamiento de la transferencia tecnológica en este país es lineal y tiene su origen en la universidad». «No se conocen las necesidades del mercado», reprocha. PONS IP defiende un modelo de transferencia inversa, que dé con un equilibrio entre el conocimiento que se genera y las soluciones que necesita la empresa.
Los entresijos de patentar

La opción más extendida en España es la licencia de explotación de la patente (que se podría equiparar al alquiler) frente a la cesión del activo (la venta). De entrada, ya es un «error». «Hay empresas que están interesadas en comprar la patente porque quieren ser las titulares del activo y esto les echa para atrás», comenta López.

La siguiente traba para el investigador se produce cuando quiere seguir adelante con su descubrimiento. El centro público analiza entonces las características de patentabilidad de la invención. El problema llega cuando ese estudio ofrece un resultado dudoso y concluye que existe un riesgo con esa patente. El centro se aparta y cede los derechos al investigador, de modo que toda la responsabilidad recae sobre él. Si el inventor decide seguir adelante por su cuenta, todos los costes corren a su cargo. Hasta ahí, todo normal. Pero si asume los gastos, se supone que las retribuciones futuras también irán a parar a él. En España no. Y es que la institución cede la titularidad, pero no renuncia a los ingresos.

Las instituciones públicas de investigación, por tanto, se quedan con un porcentaje de los royalties de la patente. En el caso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), un 30%, según el director del grupo de Nuevos Materiales y Nanotecnología del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA) del CSIC, José María Lagarón, quien acumula más de 40 patentes. «Es una cifra mucho más alta que en un acuerdo de licencia con una empresa», afirma. «En un proceso normal el porcentaje ronda el 5%», especifica el también fundador de la empresa Bioinicia. «Son unas condiciones leoninas», concluye.

Si, a pesar de ello, el científico decide seguir adelante y atrae el interés de una empresa para sacar el descubrimiento al mercado, significa que ésta «tiene que adelantar un 30% de royalties para alguien que ni siquiera conoce». «Nadie lo acepta», subraya. Lagarón habla por experiencia propia: «El CSIC creyó que una de mis patentes no tenía valor, pero yo estaba convencido de que sí, sólo que había que hilar muy fino». Consiguió costearla y cuando una compañía alemana se interesó por ella, no tuvo más opción que asumir por su cuenta el 30% del canon. «Primero negocias ese 30% y luego tu porcentaje», explica. Después, los ingresos que finalmente reciba dependerán del nivel de volumen que alcance la empresa con esa invención.

La situación no es mucho más favorable en el caso contrario, si la patente llega a buen puerto con el centro de investigación. El CSIC costea el estudio de patentabilidad y la presentación de la solicitud en la oficina española, comenta Lagarón. Durante un año «se supone» que la institución se encarga de las labores de comercialización de la patente. Tiene esos 12 meses para decidir si extenderla a nivel internacional (PCT) y, «por regla general», el CSIC no suele llegar a esa fase. ¿Qué significa? Que si transcurrido ese tiempo ni el centro ni el investigador consiguen licenciarla, «lo más probable es que la patente se pierda». No sólo no se lleva a cabo la extensión, sino que «lo normal es que el CSIC ni siquiera mantenga la patente española».

De nuevo, el investigador tiene la oportunidad de sacar adelante la ampliación a PCT, con unos costes asociados que pueden variar entre los 4.000 y los 5.000 euros. Al menos, el centro le cede los derechos gratuitamente. Sin embargo, sigue manteniendo el 30% de royalties.

Un efecto perverso añadido de este modelo es que, pasado ese año, la patente española se hace pública. Se activa entonces la opción freedom to operate, es decir, que cualquier empresa puede hacer uso de esa invención... gratuitamente. «Hay compañías que saben que el centro de investigación no tiene la capacidad para mantener las patentes y se esperan a que se extinga para aprovecharla», explica Lagarón. No sólo eso, sino que, como durante ese tiempo la empresa se ha reunido con los equipos de investigación, ha adquirido cierto know how sobre la naturaleza de la tecnología. «Es el propio centro de investigación el que levanta la liebre».

Lagarón reclama mayor «compromiso» por parte de los centros de investigación con las tecnologías desarrolladas por su personal. «Si apuestan por una patente, deberían poner los recursos para que llegue a buen puerto», destaca.
Hacia un modelo propio

El director de transferencia tecnológica de PONS IP, Rafael López, advierte de otro planteamiento «equivocado»: el auge del emprendedor. «Se está creando una burbuja emprendedora clara». El origen, dice, viene de la crisis, que dejó a muchos investigadores sin empleo y no tuvieron más remedio que montar sus compañías. «El número de supervivientes va a caer porque este tipo de empresas se sustenta en servicios», anticipa. El problema es que estas personas no tienen un perfil de negocios. «No están preparadas para dirigir una empresa».

«La transferencia tecnológica no puede copiar ningún modelo», asegura refiriéndose a Silicon Valley. En España, agrega, el éxito no vendrá de la creación de start ups, sino de potenciar que las nuevas tecnologías lleguen a las pymes. En 2016, más del 94% del tejido empresarial español estaba formado por microempresas, «casi cuatro puntos por encima que la media europea».

La única forma de revertir esta cifra es «profesionalizando» la transferencia tecnológica y los fondos para llevarla a cabo. López habla de implicar primero a la Administración (ya sea nacional como autonómica) para reducir el riesgo y lograr que, finalmente, la innovación acabe llegando a las pymes. Algo que, reconoce, el CDTI ya está empezando a hacer. Una vez que se haya conseguido ese objetivo, sólo con equipos profesionales que den soporte a ese proceso, entraría en juego el capital privado.

No todo son sombras en la transferencia tecnológica española. También existen referentes que ponen de relieve las posibilidades de éxito de la ciencia nacional. El directivo de PONS IP destaca, por ejemplo, el caso de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), que licencia un porcentaje muy alto de sus patentes, entre el 18% y el 20%. ¿A qué se debe este triunfo? «A que sus investigadores están muy en contacto con el mercado». Tanto es así que se produce un fenómeno de personalismo, donde la tecnología se licencia por el investigador (véase el ejemplo de Avelino Corma).

Otro caso de éxito se produce con la Fundación Progreso y Salud, que aglutina a todos los entes de investigación sanitaria en la comunidad. La Junta de Andalucía ha cambiado la normativa autonómica y ahora priman los incentivos a los investigadores. Por ejemplo, el científico recibe un porcentaje mayor en el reparto de los beneficios de la explotación de la patente. Además, se ha creado presupuesto para transferencia, patentes y personal. El resultado, más del 20% de las invenciones acaba comercializándose.